DENUNCIA CONTRA LA PRESIDENTA

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha sido demandada penalmente ante la Justicia por su supuesta responsabilidad en la propagación de la gripe A en el país que más muertos por esta enfermedad tiene en Suramérica, confirmó hoy a Efe el abogado denunciante. El gobierno "ocultó la información, ocultó las estadísticas, propagó la enfermedad y encima nos obligó a contagiarnos", dijo el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien consideró que las autoridades debieron posponer los comicios legislativos del pasado domingo para evitar más contagios. En su denuncia ante el juez Norberto Oyarbide, el letrado imputó a la presidenta un delito previsto en el artículo 202 del Código Penal argentino, que "reprime a todo lo que induzca o haga que se propague toda enfermedad peligrosa o contagiosa, por comisión o por omisión", con penas que van de 3 a 15 años de prisión. La denuncia, explicó el abogado, "también incluye un concurso de delito con el homicidio culposo por cuanto se está informando oficialmente después de los comicios que son 55 los muertos por gripe A, a pesar de que algunos dicen que son 44", un delito que, de comprobarse, por su gravedad podría conllevar penas de 5 a 10 años de prisión. La demanda también alcanza al ex presidente argentino Néstor Kirchner, candidato oficialista en los comicios del domingo, como "instigador por su ambición de ser electo diputado por la provincia de Buenos Aires y por ser titular del gobernante Partido Justicialista hasta el pasado lunes", dijo el abogado. Asimismo, la denuncia se presentó "contra quien resultara responsable por la dolosa omisión en la toma de decisiones sanitarias para combatir la pandemia", añadió Sánchez Kalbermatten. El abogado consideró que "no retrasar las elecciones fue un acto trasnochado, propio de una ambición política desmesurada", y denunció que después de los comicios se reconociera que los casos de infectados por el virus pueden llegar a decenas de miles cuando "un día antes de las elecciones se hablaba de 1.500 afectados". "Todo ciudadano tiene derecho a saber y el gobierno tiene el deber de informar" sobre las cifras, afirmó. El abogado recordó que las leyes argentinas imponen la obligatoriedad del voto, por lo que al no posponer las elecciones, se obligó a los ciudadanos a exponerse a la enfermedad. Kalbermatten explicó que el domingo no fue a votar y aisló a toda su familia por miedo al contagio y apuntó que había pedido además a la Justicia "medidas urgentes" para evitar el avance de la enfermedad. Según el abogado, apenas presentada este jueves la demanda, el juez Oyarbide se interesó por la denuncia y dio curso inmediato a la investigación.